"En una sociedad
animada por el deseo de crecimiento y expansión económica, aparece y se
incrementa el delito de ‘cuello blanco’, constituido por infracciones cometidas
exclusivamente por personas de alto nivel socioeconómico, acomodadas y de buena
reputación, que abusan del ejercicio de sus actividades inclusive. Cuando se
encuentra este grupo social frente a la posibilidad de tener poder, el poder
hecho realidad es capitalizado en muchos casos, en procura de llegar a un
enriquecimiento que por vías morales y legales es inalcanzable”. Es la reflexión que hace el profesor Zambrano y
posiblemente una de las respuestas al caso ‘Bárcenas' (1) que
desde principios de este año salpica al actual Gobierno de España, liderado por
el Partido Popular (PP).
Zambrano distingue varias
formas de criminalidad institucionalizada':
- La delincuencia de 'cuello blanco' como forma de delincuencia 'institucionalizada' es perpetrada por elementos que pertenecen a los grupos que detentan el poder político del que abusan en beneficio personal, en ciertas actividades como las defraudaciones aduaneras y evasiones tributarias.
- La perpetrada por las corporaciones en las que se mezclan como sujetos activos tanto personas particulares como funcionarios públicos, buscando mecanismos ingeniosos como la "subfacturación de los precios reales. De esta forma se obtienen ganancias paranormales, porque se falsean datos del precio real de fabricación y el precio real de venta, o entre el precio de exportación y el que realmente se recibe. debe pensarse, razona Zambrano, en que los mecanismos de control son insuficientes, para no admitir que hay una colaboración cómplice de determinados funcionarios de gobierno, que se convierten también en delincuentes de 'cuello y corbata'.
- Hay una gama de delitos propios cometidos por personas que ocupan determinados cargos o funciones públicas, en quienes el estado ha depositado la confianza en el buen manejo de sus negocios. Estos sujetos, abusando del cargo, se apropian de dinero público o les dan un destino no autorizado (malversación), o dolosamente permiten un dispendio en el manejo del dinero público que ocasiona desfalcos.
Hace unos meses entrevistaba
a José Miguel Calatayud, por aquel entonces corresponsal del diario El País en
África y en la actualidad periodista freelance en Estambul (Turquía). Helada me
dejó cuando me respondió que Los
diputados kenianos cobran unos 8.500 euros al mes mientras que el sueldo medio
de Kenia oscila entre los 50 y 70 euros. (2) Uno de los sueldos más altos del mundo, mientras que
paradójicamente Kenia es uno de los países con enormes problemas
sociales: la hambruna y la pobreza extrema está muy extendida. Hay distritos,
como el de Turkana (al norte del país) donde el 74 % de su población sufre de
inseguridad alimentaria, es decir que su gente no alcanza los niveles de
consumo mínimos de alimentos.
¿Qué aporta la Criminología
en este tipo de delitos? Mucho. Es necesario una Política Criminal y una
reforma del Derecho Penal (en la actualidad hay una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- LECrim- que data de
1882) que sean acordes con el
tiempo actual: la sociedad avanza y la criminalidad también. Hay que mirar al
presente y al futuro inmediato y nuestras leyes se asientan sobre parámetros
tradicionales que, como dice Zambrano, “no responden ni a las necesidades
actuales”.
El criminólogo alemán,
Werner Ruther (Universidad de Colonia), considera que no solo se debe modificar
la imagen de la criminalidad, sino que hay que ponerlo en práctica con la
creación de normas, así como con su imposición para que los delitos económicos
graves sean perseguidos. Y lo dice un criminólogo alemán, donde allí sus
políticos dimiten por ser invitados a viajes por empresarios. Es el caso de Max Streibl, expresidente de la región de Baviera,
que dimitió tras conocerse que un amigo empresario le había invitado a unas
vacaciones en Brasil y Kenia. Aunque aquella invitación no constituyese ningún
delito, los miembros de su partido consideraron que se trataba de un
comportamiento inapropiado y forzaron su salida del cargo. En España hay varios
casos similares, como el de la alcaldesa de Alicante imputada en el caso Brugal
por tres delitos graves (prevaricación, cohecho y tráfico de influencias
en torno a la redacción del PGOU, Plan General de Ordenación Urbana). La
primera edil también se fue de viaje con un empresario, también investigado en
varias causas judiciales. O el caso de Karl-Theodor zu Guttenberg, exministro
de Defensa de Alemania, que dimitió en 2011 después de conocerse que había
plagiado parte de su tesis doctoral. Guttenberg renunció a todos sus cargos
políticos.
Está claro que en
la sociedad actual existe una percepción de clara impunidad de este tipo de
delitos (los beneficiados son los políticos, empresarios o banqueros, es decir
la clase alta); un tipo de criminalidad que va in crescendo y donde los
delincuentes no se manchan las manos de sangre y visten con traje y corbata. Es
necesario y urgente adoptar unas medidas sociales, jurídicas y culturales para
erradicar los delitos de cuello blanco, porque estos (yendo a situaciones
extremas) se pueden convertir indirectamente en delitos de sangre por parte de
las víctimas directas (recordar el post Cuando la víctima se convierte en
Delincuente, publicado el 4 de junio).
(1) Caso Bárcenas: una presunta trama de contabilidad en ‘B’ (ilegal) del PP en las que el
juez investiga unas cuentas millonarias en Suiza de su extesorero, Luis
Bárcenas, donde acumuló hasta 47 millones de euros.
(2) Entrevista publicada en el blog Lo que pasa (o no pasa) por las
mentes: http://loquepasaporlasmentes.blogspot.com.es/2012/09/los-diputados-kenianos-cobran-unos-8500.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario