Y ¿qué pasa cuando la víctima no quiere seguir o iniciar con un proceso
judicial por temor a la victimización secundaria? Es cierto que en la
televisión o en los periódicos vemos con asiduidad casos en los que la Justicia
se convierte en injusticia; de ahí el
miedo y la escasa confianza en la legislación vigente. Lo idóneo sería lograr
un escenario propicio para facilitar una colaboración activa de la víctima y
así asegurar su victimización secundaria. Un ejemplo lo tenemos en la Audiencia
Provincial de Alicante. En los casos de violencia de género, el fiscal puede
acusar al presunto maltratador aunque la víctima no denuncie, incluso retire la
denuncia. En muchos casos de violencia de género y doméstica, la víctima se convierte
en ‘multi-víctima’: no sólo retira o no denuncia por el temor a represalias del
agresor, también por todos los procesos judiciales a los que se tiene que
enfrentar, ya que se crean víctimas indirectas (hijos y familiares directos) o
convirtiéndose la propia víctima en 'víctima doble'.
Es cierto que hace sólo unos años
era impensable que se reconociese indemnizaciones psicológicas a las víctimas,
sólo eran admitidas las físicas. Pero, mientras los procesos de instrucción y
durante el juicio oral y hasta que se dicta sentencia, ¿quien trata a la
víctima? ¿quien paga la asistencia psicológica? Y con una sentencia a favor de
la víctima, ¿quien la rehabilita? Existen las OVAD (Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito), que en el
caso de Valencia implantadas desde hace un cuarto de siglo pero cuya función
esencial de información y orientación se queda 'a medidas' para que la víctima.
Desde algunos estamentos judiciales
la víctima tiene más relevancia. La Audiencia Provincial de Alicante tiene un
programa específico para víctimas de violencia de género. Maltratadas y
familiares (no hay que olvidar que el círculo cercano de una maltratada se
convierte en víctima indirecta) asisten a charlas informativas y formativas
(impartidas por psicólogos y criminólogos) para luchar y afrontar la lacra de
la violencia machista; en definitiva, para no sentirse 'solas', además de
víctimas.
En definitiva, las medidas
victimológicas deben dejar de concebirse como una mera expresión de solidaridad
social y pasar a ser entendidas como verdaderos derechos de las víctimas. Y
tampoco podemos olvidar uno de los postulados de la LECrim (Ley de
Enjuiciamiento Criminal, España) en el que se señala que “en materia penal
hay siempre dos intereses rivales y contrapuestos: el de la sociedad, que tiene
el derecho de castigar y el del acusado, que tiene el derecho de defenderse”.
En cuánto a la prensa mediática, no podemos olvidar que los medios de
comunicación son el cuarto poder, incluso el primer poder (véase el revuelo
mundial que ha creado Wikileaks, aunque
ese es otro tema que no nos incumbe aquí). Un ejemplo claro del poder que tiene
la prensa (con el término prensa englobamos diarios de papel, medios digitales,
radios, televisiones) lo encontramos en uno de los casos que más conmocionaron
a toda la opinión pública, ya que en tan solo unos días el acusado pasó de ser
verdugo a ser víctima. Tres años después, las consecuencias aún son terribles.
Nos referimos al 'caso de Diego Pastrana', (fotografía que acompaña a este
post) el joven tinerfeño (entonces, de 25 años) que en noviembre de 2009 fue
acusado de unos presuntos malos tratos y abusos sexuales a la hija de su pareja
de sólo 3 años y que murió tras ingresar en un hospital. El joven fue acusado y
detenido tras certificarlo el médico que atendió a la menor. La opinión pública
y algunos medios de comunicación tacharon a Diego de violador y asesino, se
cebaron con este joven que desde el primer momento negó los hechos. La historia
dio un giro con los resultados de la autopsia: la pequeña murió de un golpe
sufrido en un parque infantil días antes. Han pasado más de tres años y este
hombre sigue marcado por la sospecha, aunque no tiene nada pendiente ni con la
policía ni con la justicia. Desde entonces está en tratamiento psicológico y
psiquiátrico y su recuperación es lenta. A las secuelas psicológicas se
añadieron las sociales: durante varios meses le resultó casi imposible
encontrar trabajo.
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